BARRA SONORENSE DE ABOGADOS: Reformar el sistema penal sería retroceso

La modificación del Código de Procedimientos Penales y las reformas a la Ley de Amparo, ejecución de sanciones, justicia para adolescentes y la inclusión de una Ley Nacional de Justicia Administrativa es inviable y presenta graves retrocesos en el respeto a los derechos humanos, como por ejemplo tomar como válidas declaraciones bajo tortura, destacó Héctor Contreras Pérez, presidente de la Barra Sonorense de Abogados (BSA).

Agregó que la pretensión en la creación de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales no sólo es un retroceso al sistema anterior, sino que se va más atrás, pulveriza la presunción de inocencia y genera situaciones en las que se afecta al debido proceso.

“Establece como una medida cautelar el arraigo para todos los delitos, no sólo para el de delincuencia organizada que está ahorita y una situación muy grave es que existe presunción de culpabilidad cuando el imputado no quiere colaborar con el Ministerio Público en alguna diligencia”, mencionó.

El presidente de la Barra Sonorense de Abogados calificó las modificaciones como impropias de un Estado democrático en el que los derechos humanos sean lo que se pondera y respeta a la hora de un juicio por la po- sible comisión de un delito.

“Viene un retroceso porque también se permite que las pruebas que se obtengan de manera ilícita, inclusive mediante tortura, mediante procedimientos ilegales, pudieran ser tomadas en cuenta por el juez del juicio, es decir, se importan conductas extranjeras que se incrustan en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales que afectan la presunción de inocencia y debido proceso”, indicó.

Contreras Pérez mencionó que la presunción de inocencia es columna vertebral del Sistema Penal Acusatorio.

Estado rebasado

Reconoció que el problema delincuencial ha rebasado al Estado, el cual no puede rebasar el crimen organizado cayendo en una especie de venganza ante los ilícitos, por el contrario, debe aplicar la ley y toda la fuerza que tiene dentro de los causes legales y no pretender el establecimiento de un nuevo código cuando el actual apenas tiene cuatro años de vigencia.

Añadió que el código que actualmente rige necesita modificaciones mínimas pero no amerita la creación de uno nuevo.

En cuanto a la exposición de motivos de la reforma, resaltó con base en la falta de capacitación de los actores de la impartición de justicia como lo son: ministerios públicos, policías, jueces y defensores públicos y privados.

“Hay un problema de capacitación y de pericia de los operadores, no es el código nacional nuevo el que tiene el problema, ya que entró en vigor en 2016, sin embargo, fueron ocho años previos de “vacatio legis” de cuando se establece este sistema, que es en 2008 y que fue tomado como la etapa de capacitación, que no sucedió ni en entidades federativas ni en la Federación y al cuarto para las 12 aquí en Sonora se implementó”, finalizó.