La Cámara Minera de México (Camimex) proyecta un declive en las inversiones mineras en México a 3,800 millones de dólares en 2025, lo que implicaría su menor nivel en los últimos nueve años.
Para 2024, México captará una inversión estimada de 5,000 millones de dólares, un nivel prácticamente igual que en 2023 (4,960 millones de dólares).
Pedro Rivero, presidente de la Camimex, expuso que el principal factor de esta tendencia es que no se ha otorgado ninguna nueva concesión minera desde el inicio de la pasada administración del gobierno federal hasta la fecha.
También la Camimex pronostica que después de recibir 543 millones de dólares en exploración minera en 2023, las llegadas previstas en este rubro se cifran en 500 millones de dólares para 2024 y 400 millones de dólares para 2025.
“Como hemos tenido algunas restricciones en exploración minera, que es el principio de nuestra cadena, eso conlleva que haya menos inversiones aguas abajo”, dijo Rivero en una conferencia de prensa para presentar el Informe de Sostenibilidad 2024 de la Camimex.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador nunca aclaró plenamente porque no otorgó nuevas concesiones mineras, al tiempo que cuestionó el bajo nivel proporcional de las contribuciones fiscales del sector y ciertas afectaciones medioambientales, lo que fue rechazado por la Camimex.
A principios de octubre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió el primer amparo contra la reforma de 2023 a la Ley Minera, para restringir nuevas concesiones y poner mayores requisitos a las ya existentes.
Al respecto, por tres votos contra dos, la Segunda Sala de la Corte declaró inconstitucional el quinto transitorio de la reforma, vigente desde mayo del año pasado.
“Las solicitudes en trámite de nueva concesión de exploración y explotación se desecharán sin mayor trámite, en virtud de lo dispuesto por el presente decreto”, ordena el transitorio a la Secretaría de Economía.
La reforma a la Ley Minera fue impugnada mediante acción de inconstitucional y será resuelta por el Pleno de la Corte donde los 11 ministros deben analizar si se incurrió en violaciones al procedimiento legislativo.
Sin embargo, para declararla inválida el Pleno requiere de ocho votos que ya no tendrá el bloque mayoritario porque el ministro Luis María Aguilar Morales se retirará el 30 de noviembre próximo.
En la conferencia de prensa, Rivero dijo que representantes de la Camimex han dialogado con funcionarios de distintos niveles de gobierno, incluidos los de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“La sustentabilidad está en función de que una vez que se agota (una mina), hay que empezar a trabajar. (…) Una mina empieza a morir el día en que empieza a operar”, dijo Luis Felipe Medina, presidente de la Comisión de Sustentabilidad de la Camimex, en la misma rueda de prensa.
La nueva Ley Minera permite que particulares puedan proporcionar información a la Secretaría de Economía sobre existencia de minerales o sustancias en un lote no asignado o concesionado, para que ésta determine la conveniencia de ordenar la exploración al Servicio Geológico Mexicano (SGM), y éste pueda celebrar un convenio de colaboración con los particulares para realizar la exploración.
Otra de las reformas consiste en prohibir la minería a cielo abierto, con ciertas excepciones cuando se trate de minerales considerados estratégicos.
El Informe de Sostenibilidad 2024 destaca que debido a que la industria minera es intensiva en capital, las inversiones requieren certeza a largo plazo.
“En México han existido diversos factores que han impactado la competitividad de la industria para la atracción de inversión, incluyendo aspectos como el marco jurídico, la eficiencia en la atención de trámites, las condiciones fiscales y la falta de incentivos a la exploración, entre otros”, agrega el documento.
Como resultado, la Camimex concluye que los montos destinados al desarrollo de nuevos proyectos y expansión de los ya existentes se vieron limitados y el conjunto de la inversión presentó resultados por debajo de los alcanzados el año previo.
Fuente: El Economista/Camimex