A una década del derrame de 40 mil metros cúbicos de solución de sulfato de cobre acidulado a la cuenca del río Sonora causado por una empresa minera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reabrió el expediente de ese caso y emitió una recomendación para resarcir los daños a las comunidades afectadas.
«El acceso al agua potable de las personas que habitan en la cuenca del río Sonora no es continuo, suficiente, ni de calidad, asimismo que favorece y privilegia la utilización del líquido en actividades industriales, además de que se descargan ahí aguas residuales crudas», indicó.
El organismo que dirige Rosario Piedra Ibarra explicó que la comisión acreditó la persistencia de violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano, al acceso al agua potable y a la salud de las poblaciones aledañas a la cuenca del río Sonora.
Dijo que, de acuerdo con la investigación, se determinó la responsabilidad de diversas autoridades, incluyendo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las Secretarías de Estado de Economía y Salud, así como el IMSS-Bienestar y el gobierno de Sonora.
Precisó que en 2017 se determinó el supuesto cumplimiento total y con clusión del Proceso Administrativo de remediación llevado a cabo por la empresa minera G.M. responsable en colaboración con las autoridades federales.